Los trabajadores que se encuentran ilegales procedentes de estos dos países, conseguirían la legalización al tener un contrato laboral. Esto, según el ministro, no se traduce como la apertura a una avalancha de inmigrantes dentro de nuestras fronteras, sino como una regularización de su situación y una mejor gestión de la situación laboral en nuestro país.

Otros países comunitarios como España también vieron impuesta una moratoria, en el  caso español de siete años, al igual que los países que se incorporaron en 2004 la sufrieron de dos años, por lo cual no se trata de ningún tipo de discriminación hacia estos dos nuevos miembros. Por su parte, el ministro de Trabajo, Solidaridad Social y Familia rumano, Gheorghe Barbú, ha encontrado conveniente dicha medida y  ha resaltado la buena relación que une a ambos países.

A DEBATE DE NUEVO. La famosa directiva que movilizó a sindicatos de trabajadores de toda Europa, sobre todo en París y Bruselas, el pasado 2005, vuelve a saltar a la palestra con motivo de esta situación. En ella, se trataba la liberalización de los servicios dentro del bloque europeo. Esta directiva, apoyada por el Comisario de Comercio Interior, Charlie McCreevy, no tuvo mucha aceptación debido a las consecuencias negativas que se adivinaban de su implantación.

A parte de las bromas a cerca de la rima de la directiva (que procede del nombre de su creador) con el apellido Frankestein, eran muchos los temores que esta despertaba en los trabajadores comunitarios, ya que la liberalización en el establecimiento de las compañías en países más competitivos económicamente como lo son los países del Este, provocaba una inseguridad para aquellos trabajadores de la Europa occidental y central, que veían peligrar su puesto de trabajo y sus beneficios sociales.

Pero la nueva Directiva impone la necesidad de justificación para restringir la libre prestación de servicios. El conflicto lo encontramos en el “Principio del país de origen”  que se basa en la afirmación de que las empresas se verían sujetas sólo a las leyes nacionales de “sus Estados miembro de origen”. Este principio presentaba el peligro de ver mermados los derechos de los trabajadores, ya que dichas empresas se establecerían en países con salarios más bajos y regulaciones medioambientales más permisivas. Para unos, esto significaba una reducción cuantiosa de costes mientras que, para otros, se tendía a un sobreproteccionismo de los servicios públicos por parte del mercado. Todo esto se resume en una dicotomía sencilla. ¿Con qué tipo de salario serían pagados dichos trabajadores de la nueva Europa en un país de la antigua?
La Confederación Europea de Sindicatos (CES) piensa que las moratorias perjudican a los trabajadores de los nuevos países emergentes, y además se preocupa por el trato desigual por los trabajadores dentro de un mismo territorio.

Se supone que Europa se creó para conseguir una libertad económica total, accediendo  así

a un  tráfico de trabajadores, productos y servicios más efectivo y con un espíritu de pragmatismo absoluto. Maximizar sus beneficios gracias a la pluralidad que la fusión de estados miembros nos permite. Para alcanzar el compromiso de integración económica de los Estados miembros, se debe conseguir un mercado laboral unificado. Los informes de la Comisión Europea demuestran que las migraciones entre países de la Unión favorecen el empleo en los países receptores, además de no perjudicar su sistema de seguridad social, según declara el Comisario de Comercio Peter Mandelson.

Pero la sombra de corrupción que planea sobre Rumania ha creado una situación de temor en los gobiernos de los países Europeos que abrirían sus puertas a este país. Aunque la promesa de la Unión Europea a Rumania sobre su incorporación a la Unión en enero de 2007 es firme, son muchos los casos de corrupción que figuran en su historial. El 42% de los rumanos ha sobornado a funcionarios, situación que no ha cambiado desde el año 2000, a pesar de los esfuerzos del gobierno del Partido Democrático (PD) que desde 2004 intenta luchar contra la lacra del Bakschisch (soborno diario).

Por esta razón, el viejo bloque europeo encabezado por Alemania, Italia y Francia aún son escépticos a la apertura de fronteras laborales a dichos países, por lo que tomaron medidas como el Hartz IV alemán (reducción del subsidio de empleo) o la “Ley del primer contrato” francesa, que pretenden impulsar el empleo y el crecimiento a la vez que reducen los incentivos para los desempleados.

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