El fallecimiento del ex presidente de Chile Augusto Pinochet justo el día en que se cumplen ocho años de su procesamiento por el juez Garzón por los delitos de genocidio, terrorismo y torturas, cerrará la causa abierta contra él, aunque el sumario se mantendrá abierto para el resto de los acusados.

La investigación de los crímenes cometidos por el dictador durante su mandato, entre 1973-1990, se inició en la Audiencia Nacional en agosto de 1996, cuando el juez Manuel García Castellón abrió un sumario so-

bre los desaparecidos españoles en ese país.

Pero esta causa se unió poco después a la que, desde hacía dos años, investigaba Baltasar Garzón sobre los crímenes en la dictadura argentina (1976-1983), al estimar que todos ellos se habían cometido siguiendo un plan, conocido como "Operación Cóndor", en el que se coordinaron los servicios de inteligencia de todas las dictaduras del Cono Sur, entre los años 70 y 80, para la persecución y exterminio de opositores en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

Aprovechando la presencia en Londres de Pinochet, el juez Garzón ordenó la detención de Pinochet, en octubre de 1998, y le procesó dos meses después por terrorismo, genocidio y torturas, además de ordenar el embargo de sus bienes.

Tras 17 meses de estancia en Londres -donde permaneció unos meses en una clínica y la mayor parte en libertad vigilada- Pinochet volvió a Chile, ya que el Gobierno británico denegó su extradición a España porque el ex presidente no estaba "en condiciones" de afrontar un juicio.

monios y se cursan comisiones rogatorias a otros países".Agregó que, además, hay delitos conexos, como los relacionados con la fortuna del ex dictador de 91 años, que también se investigan en España donde hay varias personas imputadas.

El juez Garzón explicó que el proceso se dirige también contra 38 ex colaboradores militares y civiles del ex dictador sobre los que pesa una orden de captura internacional dictada en 1996, lo que les obliga a permanecer en Chile para evitar un eventual encarcelamiento.

Hasta el momento, sólo se ha juzgado por estos hechos al ex militar argentino Adolfo Scilingo, quien fue condenado en abril de 2005 a 640 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, detención ilegal y torturas cometidos durante la dictadura argentina, en la primera resolución que por estos delitos se dicta en España.

También está detenido en España por estos hechos, a la espera de que se fije el juicio, el ex militar argentino Ricardo Miguel Cavallo, que está encarcelado desde que el 29 de junio del 2003 fue extraditado por las autoridades de México, donde había sido detenido el 24 de agosto del 2000 después de ser reconocido por varios supervivientes de centros de detención clandestinos.

El fiscal ha anunciado que pedirá una condena de entre 13.332 años de cárcel y 17.010, mientras que la acusación popular, ejercida por la Asociación Argentina pro Derechos Humanos-Madrid, solicitará 30 años de prisión, el máximo de cumplimiento efectivo de condena, por un delito contra la humanidad en concurso con 4.400 delitos de asesinato.

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