Las dos historias de España

nismo, se les compensara econó- económicamente, y una vez al añorecibieran el reconocimiento de su sufrimiento con una fiesta nacional. Sea como fuere, la propuesta salió adelante con el apoyo de Convergència i Unió y Partido Nacionalista Vasco, superando las enmiendas a su totalidad de IU, Esquerra Republicana y Partido Popular.

Lo primero que no está claro es qué busca esta ley. Para IU y ERC, debe conseguir que la democracia haga justicia con el pasado, permite que este se explique eliminando por ley todos los símbolos del poder franquista y se obligue a que un texto histórico acompañe cada monumento explicando la historia con sus dos mitades. La propuesta de ley prohibiría la realización de actos políticos o de exaltación en el Valle de los Caídos y preveé la retirada de menciones conmemorativas “de la Guerra Civil” cuando “exalten a uno sólo de los bandos enfrentados en ella o se identifiquen con el régimen instaurado en España a su término” (art. 27).

Para IU y ERC, asimismo, una ley que traslada la responsabilidad del Estado de localizar y exhumar las más de 800 fosas comunes que siembran España a asociaciones y particulares a los que se les dará subvenciones, no sirve. Además, solo hace falta indagar un poco para ver los problemas que estos grupos tienen para realizar esos trabajos sin apoyo institucional: ayuntamientos que no les permiten trabajar, que les dan evasivas, que construyen parques, cementerios y demás donde el pueblo cree que tiene a sus muertos, etc. Para Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) “no es comprensible” que un derecho humano básico, como es recibir una sepultura “digna”, con idependencia de las ideologías, dependa de un grupo de arqueólogos y forenses voluntarios”.

Esta semana el Gobierno ha llevado al Congreso el anteproyecto de ley de la memoria histórica, un texto que no gusta a nadie. Empezando por el nombre, que es Ley por la que se reconocen y amplían derechos, y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución y violencia durante la Guerra Civil y la dictadura, que equipara a los dos bandos, “a víctimas y a verdugos”,  según Gaspar Llamazares. Esto, y según el líder de Izquierda Unida, aunque unas llevan sufriendo medio siglo y las otras se pasaron la dictadura vistas como héroes que salvaron la patria del comu-

Además, y esto a los partidos de izquierda les duele sobremanera, la ley no anula las sentencias franquistas en los juicios de guerra, sino que da la posibilidad de una “declaración de reparación y reconocimiento personal” (art. 4) que se ha de solicitar individualmente. Este punto es, asimismo, difícil de hacer prosperar ya que el Tribunal Constitucional ya dijo en una sentencia en 2004, por la condena a muerte de José Humberto Baena, ejecutado en septiembre de 1975, que “la dura realidad de la Historia no puede soslayarse en lo jurídico con procesos de revisión indefinida”. La vía judicial es, sin embargo, la que ha tomado ya la ARMH que ha presentado ante la Audiencia Nacional una denuncia que busca que se investigue la desaparición de 30.000 personas entre los años 1936 y 1948, aunque la suerte de esta denuncia está aún en el aire.

Para el Partido Popular la futura ley sólo pretende dividir a España más todavía, buscando el enfrentamiento y rompiendo el pacto de la transición. Para ellos se trata de una propuesta “hipócrita y falsaria”, absurda porque no es aplicable en el presente o en el futuro y que sólo pretende remover tierra a-