PELIGROS HUMANOS
Nicolás Guerra Aguiar
Desde la primera explosión nuclear el 16 de julio de 1945 en el desierto de Alamogordo -Nuevo México, uno de los estados de EE UU-, hasta la última experiencia atómica realizada por la dictadura de Corea del Norte el 9 de octubre de 2006 contamos sesenta y un años en los cuales ha surgido, sin mayores alteraciones, el "Club de los países nucleares". De él forman parte ocho naciones que reconocen oficialmente la posesión de armas atómicas, grupo en el que hay que incluir al estado de Israel, a cuyo ejército -en guerra a muerte con los palestinos- se le suponen doscientas ojivas o cargas de cohetes atómicos activas y cuya tecnología fue cedida por su incondicional aliado norteamericano.
En medio, Canadá, Japón, Lituania, Países Bajos, Alemania y México, naciones que firmaron el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares pero cuya tecnología industrial les permitiría en algunos años desarrollar programas similares. Aunque, según los expertos, cualquier país industrializado podría formar parte -a corto plazo- de aquel Club que posee el discutible honor de almacenar casi veintisiete mil cargas con las que reventarían nuestro planeta algo así como trescientas veces. Si nos pudiera servir de consuelo, el último país incorporado, Corea del Norte, sólo posee diez ojivas frente a las casi diez mil que almacena EE UU, el mismo país que solicitó al Consejo de Seguridad el bloqueo económico a la dictadura de Kim Jong-il por su prueba atómica, que se traducirá en más hambruna y miseria para el pueblo.
Los norteamericanos prometen a Japón su apoyo, su amistad y su defensa frente a la supuesta amenaza nuclear del vecino coreano. Lo cual, sin duda, podría potenciar la exquisita sensibilidad hacia el gringo si éste no encabezara el inhumano mérito de ser -con Sadam Hussein- uno de los países que ha lanzado armas de destrucción masiva (en su caso, contra poblaciones civiles vietnamitas, afganas, iraquíes?) y de cuyos devastadores resultados saben millones de ciudadanos, víctimas directas o indirectas de la insultante ironía USA. Así, recordemos que el seis de agosto de 1945 más de cien mil personas murieron calcinadas en la ciudad japonesa de Hiroshima a causa de la bomba atómica lanzada aquella mañana y cuyos efectos radiactivos se mantuvo durante décadas.
Y, tres días después, una bomba de plutonio norteamericana destruye la vida de casi ochenta mil civiles en Nagasaki y hiere, en lenta agonía, a casi la misma cantidad de inocentes víctimas cuyo único delito había sido nacer en aquella ciudad japonesa, al margen de declaraciones de guerra, suicidios por harakiri antes de perder el honor o fanatismos de generales imbuidos de milenarias tradiciones o endiosados emperadores cuyas voces se hicieron humanas por primera vez para dirigirse al pueblo y declarar que la guerra había terminado.
Mientras Corea del Norte eleva a los vientos de imperialismos sus voces plagadas de ojivas nucleares para anunciar una segunda prueba atómica, los EE UU -con el visto bueno de sus instituciones que representan la voluntad popular en los sistemas de democracias capitalistas- hace realidad la Ley de Comisiones Militares de 2006 que permite detener, sin cargos, a sospechosos. Y que puede condenar a muerte a quienes se declaran culpables desde las celdas de castigo o son acusados por los propios detenidos tras sofisticadas torturas que van desde las diarias y continuadas palizas físicas a los minuciosos lavados de cerebro de quienes han caído bajo la sospecha de la Central de Inteligencia Norteamericana.
La CIA, dice la nueva Ley, en su "guerra contra el terror", podrá seguir -hasta que lo considere- con sus programas de interrogatorios a los detenidos como "líderes y operativos terroristas clave": ¿qué jueces y qué leyes y qué civilizadas regulaciones definen al supuesto terrorista en aquel país ejemplo de modernidad, libertad y democracia desde su independencia en el siglo XVIII? ¿Quién marca los límites entre el convicto terrorista y el simplemente sospechoso por sus amistades, su religión, su lengua, sus lazos familiares, su físico o sus manifestaciones externas? La única voz, la única decisión, la única e inapelable condena las realizan funcionarios norteamericanos al servicio de la Administración que les otorga el ahora mancillado e injuriado derecho que antes consideraba al detenido como inocente mientras no se demostrara lo contrario.
Se trata, también, de pisotear un principio básico de la libertad en EE UU: recuerdo, de muy joven, cómo me encandilaba el abogado Perry Mason (personaje de Stanley Gardner) cuando presentaba el recurso legal del habeas corpus, derecho de todo ciudadano a comparecer ante el juez para que se decida si su detención o arresto han sido o no legales y cuyas duraciones máximas eran de 24 horas. Recurso que, dicho sea de paso, constataba la consideración exquisita al ciudadano ante la Ley. Hoy -qué pena para la Justicia occidental a la que pertenecemos- el abogado Mason hubiera fracasado en sus intentos de conseguir una justa defensa de sus clientes si éstos son imaginados, supuestos o presuntos terroristas en EE UU o donde la CIA estime. Ningún juez norteamericano, al contrario que en aquellas novelas, podría rechazar su detención y aislamiento aunque no haya pruebas contundentes o definitorias.
Así, ¿tiene el gigante USA algún derecho moral, ético, legítimo, para tratar como "amenaza para la paz internacional y la seguridad" al coreano del Norte, como "acto provocativo y desafiante" su nueva arma? Sólo le asisten dos: el de la fuerza bruta y el de la sinrazón.
Nicolás Guerra es Catedrático de Instituto y profesor de Literatura
